El Gobierno nacional confirmó este martes que apelará el fallo judicial que le ordena poner en marcha de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario, vigente desde 2025. La decisión del fuero Contencioso Administrativo Federal fue firmada por el juez Martín Cormick, quien declaró inconstitucional el decreto ejecutivo que supeditaba la aplicación de la norma a la asignación de recursos específicos por parte del Congreso.
La medida respondió a un reclamo conjunto presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). En su resolución, el magistrado dejó sin efecto la cláusula del Decreto 759/2025 al calificar de «extraconstitucional» el mecanismo utilizado por la Casa Rosada para frenar una ley que fue promulgada tras ser ratificada por insistencia de ambas cámaras del Poder Legislativo.
Fundamentos judiciales y el recorrido de la norma
En los fundamentos de la sentencia, la Justicia remarcó que la ley prevé alternativas concretas de financiamiento —como la reasignación de partidas e ingresos corrientes superiores a los proyectados— sin afectar la coparticipación federal de impuestos:
- Aprobación e insistencia parlamentaria: la norma fue impulsada por la oposición en agosto de 2025. Tras el veto impuesto por el presidente Javier Milei, el Congreso reunió las mayorías calificadas para insistir con la sanción, logrando su promulgación en octubre.
- Impacto presupuestario: los informes oficiales de la Oficina de Presupuesto del Congreso estimaron el costo de la ley en un 0,23% del PBI para el ejercicio 2025.
- Antecedentes de cautelares firmes: en diciembre de 2025 se dictó una medida cautelar para recomponer salarios docentes, no docentes y becas. Dicha resolución quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara un recurso extraordinario presentado por el Estado en junio.
Negociaciones paritarias y la tensión por el Presupuesto 2027
Pese a que el Ejecutivo argumentó haber cumplido con la pauta salarial tras acordar una recomposición del 24,33% y un incremento del 20% en gastos de funcionamiento, la Justicia consideró insuficiente la medida para paliar el deterioro de los ingresos. Las negociaciones entabladas en septiembre volvieron a fracasar tras el rechazo sindical a un ofrecimiento adicional del 3%, manteniendo las intimaciones judiciales bajo apercibimiento de multas diarias.
El conflicto se traslada de forma paralela a la discusión del Presupuesto 2027, donde el Gobierno contempla una asignación de $7,349 mil millones para las casas de altos estudios, cifra que contrasta con los $11 mil millones reclamados por las autoridades del CIN. Ante la falta de acuerdo, los gremios del sector y las comunidades universitarias confirmaron que mantendrán las medidas de fuerza y marcharán a la nueva Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo 15 de octubre.ubre.
