La decisión se tomó luego de detectar un alto nivel de morosidad en el pago de las cuotas y busca evitar que las deudas provoquen la interrupción de la escolaridad.
Qué establece la nueva resolución
La resolución 505, publicada en el Boletín Oficial, suspendió durante todo el año la aplicación de dos artículos del reglamento general del programa. Se trata del artículo 14 y del artículo 21, inciso e, que contemplaban la suspensión o baja del beneficio ante determinadas situaciones de mora.
La normativa establece que la medida tiene como objetivo evitar que la pérdida de la asistencia económica afecte las trayectorias educativas de los alumnos mientras el ciclo lectivo se encuentra en curso.
Con esta modificación, la acumulación de cuotas impagas no podrá provocar la baja definitiva del voucher hasta fines de diciembre de 2026. De esta manera, las familias continuarán recibiendo la ayuda económica aunque mantengan deudas con las instituciones educativas.
Quiénes reciben la asistencia
El programa está destinado a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario que concurren a colegios privados que reciben al menos un 75% de aporte estatal. La asistencia cubre el 50% del arancel correspondiente a la jornada simple, aunque no contempla actividades extracurriculares.
Para acceder, el ingreso familiar no puede superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, que en agosto representan $2.636.200.
Durante 2025 fueron adjudicados 504.808 vouchers. En ese momento, la normativa establecía que las escuelas debían informar mensualmente a los alumnos morosos y que el beneficio podía suspenderse luego de dos cuotas impagas.
El cambio frente a la normativa anterior
El artículo 21 también contemplaba el cese del beneficio por tres cuotas adeudadas. Esa disposición quedó temporalmente suspendida, por lo que las familias podrán mantener el voucher durante 2026 pese a la mora.
La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, administra el programa y confirmó la continuidad de la cobertura en los tres niveles educativos alcanzados.
Además, la normativa anterior permitía que, una vez regularizada la deuda, las instituciones cobraran de manera retroactiva los meses retenidos. La nueva disposición mantiene abierta la asistencia mientras continúa el debate sobre la morosidad escolar y la continuidad educativa.
