El Gobierno envió al Congreso la Ley de Sociedades para atraer inversiones: en qué consiste
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantó el envío al Congreso de la Ley de Sociedades, una iniciativa presentada por el ministro Federico Sturzenegger para modernizar las normas vigentes. “Con esta reforma, Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá”, destacó el funcionario.
El proyecto reemplaza la Ley General de Sociedades de la era Lanusse y forma parte de un paquete más amplio de reformas. Según Sturzenegger, se busca mover de “un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación”.
Fin de las trabas: qué cambia con la nueva Ley de Sociedades
Entre los puntos principales, las normas legales pasarán a ser supletorias y el estatuto social mandará en la organización. “Se termina la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios”, sostuvo el ministro, aclarando que los registros no podrán limitar lo que la ley permite.
También se propone eliminar las trabas burocráticas de los registros: el objeto social podrá ser amplio y sin obligación de conexidad entre actividades. Si el estatuto no lo fija, la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita, lo que implica menos burocracia y más libertad para trabajar.
Arbitraje internacional y trámites digitales: la otra apuesta del Gobierno
El borrador habilita a que las empresas pacten someter conflictos internos al derecho extranjero o a normas de derecho mercantil internacional. Se prevé incorporar cláusulas arbitrales en estatutos para resolver disputas fuera de la justicia ordinaria, un esquema que Sturzenegger comparó con prácticas en centros como Dubai, donde se elige la ley aplicable.
Otro eje es la digitalización integral de trámites: domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia y constitución por firma electrónica. Con estas medidas, el expediente en papel queda en la historia y su implementación implicaría adaptar los procedimientos administrativos en todos los organismos públicos.
La reforma busca facilitar la inversión privada y la competitividad, aunque el texto deberá pasar por el debate parlamentario. El oficialismo promete dialogar con cámaras empresarias y colegios profesionales para ajustar plazos y detalles antes del tratamiento en comisiones.
Si la Ley de Sociedades obtiene media sanción, las empresas y registros públicos deberán adaptar sus procesos para aprovechar las nuevas posibilidades contractuales y tecnológicas. El impacto dependerá de la letra final del texto, pero el Ejecutivo apuesta a que el cambio acelere la integración del país en circuitos financieros internacionales.