Bolivia registra tres semanas de protestas y bloqueos de rutas en rechazo a las reformas económicas
Diversas organizaciones sindicales, campesinas e indígenas mantienen paralizados los accesos vehiculares a la sede de gobierno en La Paz y las principales rutas de seis departamentos del país desde principios de mayo, con el propósito de exigir soluciones ante la inflación, el desabastecimiento de combustibles y demandar la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.
La ola de movilizaciones comenzó tras cumplirse los primeros seis meses de gestión de la alianza oficialista Primero la Gente (PG), liderada por Paz Pereira, quien asumió la presidencia tras imponerse en el balotaje de octubre de 2025 e iniciar su mandato en noviembre de ese año. La tensión escaló debido a la persistente falta de dólares, una inflación interanual que alcanzó el 14% en abril y la firma del Decreto Económico 5503, que eliminó los subsidios estatales a los combustibles para reducir el déficit fiscal a través de reformas de mercado. A este escenario se sumó el rechazo agrario a las modificaciones de la Ley 1720 de tierras, lo que generó temor al despojo territorial en las comunidades originarias.
Los manifestantes aglutinados en la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Túpac Katari plantean un pliego de reclamos que incluye un incremento salarial del 20% para compensar la devaluación y la derogación de los cambios en la normativa agraria. Por su parte, los sectores de mineros cooperativistas exigen la asignación de nuevas áreas de explotación de recursos naturales y la provisión de insumos industriales. En las últimas jornadas, las agrupaciones radicalizaron la postura unificando el pedido de dimisión del jefe de Estado y rechazando cualquier instancia de mediación económica.
El conflicto político sumó la participación activa del expresidente Evo Morales, quien respalda las marchas desde su bastión sindical en el Trópico de Cochabamba, mientras afronta causas judiciales por presunta trata de personas que sus seguidores califican de persecución política. La vocería oficial del Poder Ejecutivo rechazó la renuncia del mandatario y calificó los bloqueos como una operación desestabilizadora, aunque en las últimas horas el presidente anunció un reordenamiento de su gabinete de ministros y la convocatoria a un Consejo Económico y Social.
Los cortes viales en puntos estratégicos como El Alto provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en centros de salud. Los operativos de las fuerzas de seguridad para dispersar las protestas con gases lacrimógenos en el centro paceño dejaron un saldo de más de 120 personas detenidas, cientos de heridos y cuatro fallecidos reportados por organizaciones sociales.
