La provincia de La Rioja se presentó como querellante en la causa penal que investiga el destino de más de un billón de pesos del Sistema Vial Integrado, cuya paralización afecta la obra del Corredor Bioceánico en Chilecito.
La presentación judicial apunta contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios federales. La acusación incluye presuntos delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
El origen de la investigación tomó trascendencia pública luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, señalara en la provincia de La Pampa que una parte de las partidas del Sistema Vial Integrado (SisVial) se utiliza para alcanzar el equilibrio fiscal. Según los elementos aportados a la causa, los recursos retenidos estarían colocados en inversiones financieras, tales como títulos públicos y plazos fijos.
El abogado y patrocinante de la provincia, Jorge Yoma, formalizó el trámite y remarcó el impacto negativo que genera la parálisis de la infraestructura en el territorio riojano. Entre los proyectos afectados, el exlegislador mencionó la detención de los trabajos en el Corredor Bioceánico, traza estratégica que une a La Rioja, Chilecito y el paso de Pircas Negras con la República de Chile.
Esta acción penal de la administración riojana se acopla a una denuncia previa radicada el pasado 10 de agosto en los tribunales federales de Comodoro Py por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. En el marco de ese expediente, el juez federal Ernesto Kreplak aceptó el trámite de amparo colectivo e intimó al Poder Ejecutivo Nacional a presentar un informe explicativo en un plazo de tres días.
