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Reforma judicial: el Gobierno negocia contra reloj con los gobernadores para buscar destrabar el proyecto en Diputados.


Si bien el Frente de Todos tiene los votos para avanzar en el Senado, necesita sumar voluntades para que la iniciativa no quede trunca en la Cámara baja. La oposición reclama que no se presentó el dictamen obtenido ayer y espera por modificaciones.

El Gobierno trabaja contra reloj entre el Senado y Diputados para tratar de destrabar el proyecto de reforma judicial enviado por Alberto Fernández a fines de julio y cuyo dictamen de mayoría que el Frente de Todos aseguró que empezaría a circular a última hora de ayer, tras el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, no había aparecido entrada la tarde.

“Estamos esperando que aparezca el texto para ver las modificaciones”, aseguraron desde Juntos por el Cambio pasado el mediodía después de la reunión que mantuvo el interbloque del Senado y de que Laura Rodríguez Machado, vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, volviera a pedir el dictamen, a pesar del rechazo cerrado de la oposición, adelantado durante el plenario de este miércoles.

Ayer, cuando promediaba la discusión del plenario, presidido por María de los Ángeles Sacnun, Rodríguez Machado pidió saber por la cantidad de nuevos cargos que se crean con la iniciativa, que reformula la Justicia federal penal y busca, entre otros objetivos, licuar los tribunales de Comodoro Py con la unificación del fuero correccional criminal y el penal económico.

“La pregunta es si en el despacho que estarían circulando se mantienen estos 279 cargos o cuál ha sido la modificación. Porque también tenemos entendido que hay una negociación en curso con gobernadores, eso trasciende, en la que se modificaría la cantidad de cargos, se distribuirían de otra manera, en relación a las necesidades que pueda haber en las provincias”, remarcó la senadora de Cambiemos.

Su alusión a la “negociación en curso con gobernadores” apunta, en ese sentido, a la demora en la redacción y circulación del texto que Cristina Kirchner y Alberto Fernández buscarán aprobar la semana próxima en el recinto del Senado, según trasciende de fuentes oficiales.